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Colombia, 2014-08-28

T 623-14

Corte nacional: Corte Constitucional

La Corte Constitucional de Colombia ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil realizar el trámite de expedición y entrega de la cédula de ciudadanía de una mujer víctima de trata de quien se obtuvo una cédula falsa e insta a la Personería Municipal para que la asista y acompañe ante las autoridades correspondientes para solicitar las ayudas que le corresponden y lograr un efectivo restablecimiento de sus derechos.

Hechos

Cuando una mujer fue víctima de trata en la ciudad de Cali, una persona le tomó una fotografía y obtuvo una cédula de ciudadanía falsa de ella. Siendo mayor de edad, la joven tramitó una nueva cédula debido a que consideró que no era la persona que aparecía en la primera. Más adelante, al extraviar la contraseña de su cédula, la joven se percató de que tenía dos, por lo que acudió a la Registraduría de Pereira para conocer el trámite que debía seguir para recuperar la segunda cédula, pero no tuvo éxito. Por este motivo, la Personería elaboró un derecho de petición, para solicitar el cambio de nombre y de cédula. Ante la falta de respuesta, se instauró una acción de tutela, la cual fue concedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Sin embargo, la solicitud quedó sin resolver, por lo que se envió de nuevo un derecho de petición a la Registraduría Nacional. Al no tener una respuesta satisfactoria, la joven solicitó una tutela que resolvió la Corte Constitucional.

Precedentes

Las sentencias de tutela de la Corte Constitucional de Colombia tienen efectos para las partes, y en algunos casos tienen para las partes y para quienes se encuentren en la misma situación de la persona protegida en la sentencia.

La Corte Constitucional es la corporación que guarda la integridad de la Constitución Política de este país y tiene a su cargo la determinación del núcleo esencial de los derechos constitucionales, por lo que las lecturas que ésta haga de los mismos tienen un peso más determinante en la interpretación posterior que la de los demás jueces y juezas de la República.

Esta sentencia establece un precedente relevante al reiterar los mecanismos de protección para las víctimas de trata, indicando como ha aumentado la situación de vulnerabilidad de la víctima en este caso y la importancia de no revictimizarla. Asimismo, se realiza un análisis importante sobre el derecho de la accionante a ser escuchada para explicar las circunstancias de su caso.

Razonamientos

La Corte primero analiza lo relativo al nombre, el cual considera que sirve para identificar e individualizar a cada persona en relación con los demás y con el Estado. Asimismo, la Corte considera que el apellido cumple una función jurídica de enorme trascendencia para la persona individualmente considerada y para la familia de la cual forma parte. Por lo tanto, estima que es un elemento fundamental del estado civil de las personas, que es de orden público. Así, para la Corte el nombre (nombre de pila y apellidos), cumplen una función jurídica importante para la persona y para la sociedad.

En segundo lugar, la Corte analiza el derecho a la personalidad jurídica, el cual considera que no se reduce únicamente a la capacidad de la persona a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones. Esto se debe a que para la Corte, este derecho comprende además la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho, guardando ésta estrecha relación con los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad personal, dado que ambos representan expresiones de libertad proyectada en valores o atributos de la individualidad personal y de la distinción del sujeto frente a los demás. Para la Corte, esto se acredita con la cédula de ciudadanía, la cual permite el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica convirtiéndose al tiempo en un instrumento con alcances de orden tanto jurídico como social. Por lo que, dada la importancia de dicho documento tanto para el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica de las personas, como los procesos administrativos dirigidos a su ajuste, actualización, etc. –como la cancelación por doble cédula- tienen carácter sustantivo. Por lo tanto, para la Corte, en su desarrollo deben respetarse las garantías del debido proceso, entre otras y desarrollarse sin dilaciones injustificadas.

En tercer lugar, la Corte analiza lo relacionado con la cancelación de la cédula de ciudadanía. Según el Código Electoral (Decreto Ley 2241 de 1986) es competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil proceder a cancelar dicho documento, cuando como en el presente caso existe múltiple cedulación. Lo cual considera la Corte que es necesario dentro de la Organización Electoral para alcanzar el cometido constitucional de organizar lo relativo a la identidad de las personas y puede llevar a comprometer el reconocimiento de la personalidad jurídica del titular de los documentos. Ya que en ese proceso de cancelación de una o más cédulas de ciudadanía pueden cometerse errores que conlleven a una afectación del goce del derecho a la personalidad jurídica como por ejemplo, en el evento de que la entidad cancele una o más cédulas de un mismo titular, dejando vigente una que, en criterio del interesado, no refleja los atributos a su personalidad. En este sentido, la Corte indica que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el derecho a ser oído se aplica también en estos procedimientos administrativos, ya que la decisión tiene la virtualidad de intervenir en los derechos del involucrado. Aunque dicho artículo alude al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos” este artículo es igualmente aplicable a las situaciones en donde alguna autoridad pública, no judicial, dicta resoluciones que afecten la determinación de tales derechos.

Así, para la Corte es clara la afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la personalidad jurídica, debido a que no se escuchó a la accionante para que explicara las circunstancias particulares que enmarcaron la expedición de dos documentos de identidad.

En cuarto y último lugar, la Corte señala que en cuanto a los años que la accionante lleva esperando para que sea definida su verdadera identidad y la falta de documento que ella considera es el que debe tener, ha aumentado su vulnerabilidad, teniendo en cuenta además alega ser desplazada y sobre todo que existe sospecha de que fue víctima de trata de personas. Por lo que para la Corte resulta de vital importancia que la accionante fuese escuchada en el proceso de cancelación de la cédula de ciudadanía. Por estos motivos, la Corte determina que la acción de tutela es procedente para el restablecimiento de sus derechos.

Fallo

La Corte Constitucional concede el amparo de los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso.

Ordena:

1. Levantar la suspensión de los términos ordenada en el presente proceso.

2. Revocar la decisión de tutela adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de El Cairo, Valle, el 23 de julio de 2013, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

3. A la Registraduría Nacional que el trámite de expedición y entrega de la cédula solicitada se realice dentro de un término que no podrá exceder quince (15) días contados a partir de la notificación de la providencia. Lo anterior es que evitar que se siguieran vulnerando los derechos fundamentales de la accionante.

4. A la Registraduría Nacional, que una vez hechas las correcciones de los datos de identidad de la accionante y dentro de los quince (15) días siguientes, se hagan las respectivas anotaciones y correcciones en los registros civiles de sus hijos, conforme a la información de su verdadera identidad. Con el fin de garantizar y acreditar la condición de representante legal como madre de los menores de edad.

Asimismo, la Corte Constitucional insta a la Personería Municipal de El Cairo para que asista y acompañe a la accionante ante las autoridades gubernamentales correspondientes (Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para solicitar la ayuda correspondiente como víctima de trata de personas y lograr un efectivo restablecimiento de sus derechos. De la misma manera, exhorta a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que en el evento de que se compulsen copias para una eventual investigación penal por suplantación de identidad, tenga en cuenta los hechos narrados por la mujer y no la victimice nuevamente.

Documentos

Temas

Trata de personas

Normas relacionadas

Constitución Política - Artículo 14

Jueces

Jorge Pretelt Chaljub
Luis Ernesto Vargas Silva
Martha Victoria Sáchica Méndez