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El Observatorio de género y justicia es un sistema de información gratuito y disponible en línea que contiene resúmenes analíticos de decisiones judiciales que han sentado un precedente significativo en temas de género, así como los textos completos de las decisiones."

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Colombia, 2015-02-02

Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy” (Bloque Minero)

Corte nacional: Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz

El Tribunal Superior de Medellín utiliza un enfoque diferencial y de género para determinar que un alto dirigente de las autodenominadas “Autodefensas Unidas de Colombia” ejecutó graves, sistemáticos y generalizados ataques contra la población civil que constituyen violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario, incluyendo delitos de violencia basados en género y analizando la situación de las mujeres, niñas y población LGBT-I.

Hechos

Durante el conflicto armado colombiano los grupos autodenominados de “Autodefensa” o “Paramilitares” se organizaron como una fuerza armada paralela antisubversiva que justificó su existencia al combate en contra de las FARC y otros grupos guerrilleros en el país. Crearon un discurso anticomunista basándose en la defensa de la propiedad privada y el derecho de defenderse, para justificar la guerra y los actos de violencia que cometían. Si bien en su inicio eran eminentemente antisubversivos, se aliaron con narcotraficantes y ejercieron actos de violencia en contra de los que consideraron sus enemigos y también de la población, generando desplazamientos en las regiones. Se organizaron en Bloques atendiendo al área del país en que operaban.

Durante el conflicto armado en Colombia, Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”, “El viejo”, “El Patrón” o “Marcos” fungió como máximo responsable, Comandante del Bloque Mineros ubicados en el Bajo Cauca Antioqueño entre 1991-2006. En el proceso de paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y los grupos de Autodefensas se suscribió el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito” el 15 de julio de 2003, con el objetivo de desmovilizar a sus miembros e incorporarlos a la vida civil. En 2005 se le reconoció como miembro representante de las AUC.

Al ser aceptado dentro del proceso de paz se formuló acusación contra las acciones delincuenciales del Bloque de Mineros comandado por Vanoy Murillo identificándolas como graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ya que formaron parte ataques sistemáticos contra un número considerable de personas pertenecientes a la población civil.

De esa formulación de cargos se deriva la presente sentencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz.

Precedentes

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín tiene por misión conocer la verdad, aplicar la mayor justicia posible por los crímenes cometidos en el marco de un proceso de justicia transicional y resarcir por los perjuicios sufridos. Su visión consiste en participar en la consecución de la paz, la reconciliación nacional y la reconstrucción del tejido social.

Esta decisión sienta un precedente muy relevante al analizar con perspectiva de género y de manera diferencial los delitos cometidos en contra de las mujeres y las niñas, señalando que los Delitos de Violencia Basada en Género constituyen violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario. De la misma manera, es muy relevante el análisis que hace el Tribunal de la violencia ejercida contra las personas con identidad de género diversa, haciendo visibles los delitos cometidos en contra de las personas por su orientación sexual.

Esta decisión ha sido nominada a la categoría Mallete de los Premios Género y Justicia al Descubierto 2015.

Razonamientos

El Tribunal hace un análisis del contexto de los crímenes cometidos por Bloque Mineros y la forma en que estos impactaron en la población civil del área en general, así como su relación con autoridades estatales de orden político y militar. En este análisis, el Tribunal incluye un apartado específico denominado “Enfoque Diferencial desde la Perspectiva de Género” en el que se analiza la situación de las mujeres y los roles y estereotipos asignados antes y después de la llegada del grupo armado. De esta manera, el Tribunal identifica variantes de análisis teniendo en consideración la conformación de las familias en el Bajo Cauca y el norte de Antioquia, el rol y el trabajo de las mujeres, la escolaridad, la violencia que denomina intrafamiliar, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos políticos y la participación en el ámbito público.

Con posterioridad a la llegada del Bloque de Mineros, el Tribunal analiza la situación de las mujeres en relación a su derecho de libre locomoción, reunión y asociación; participación en política, y libertad de tener una vida social. Así, el Tribunal establece que ellas eran sometidas a un control de comunicaciones; a castigos si no cumplían con lo que les indicaban los miembros del bloque; a violencia sexual y asesinatos, haciendo especial mención de las mujeres con diversidad funcional, así como a relaciones de pareja forzadas y bajo intimidación, siendo violadas, desaparecidas y asesinadas y en caso de que tuvieran pareja, la debían dejarla o corrían el riesgo de ser asesinarles. De la misma manera, el Tribunal sostiene que era común que eligieran a niñas entre los 12 y 14 años de edad quienes sufrían violencia sexual y que solamente fueron denunciados 26 casos de esta violencia por, entre otros, el temor a la estigmatización, la falta de atención por parte del Estado y/o estereotipos por parte de algunos funcionarios judiciales.

También, el Tribunal lleva a cabo un análisis sobre la esclavitud sexual a la que fueron sometidas las mujeres, especialmente las niñas entre 10 y 16 años, quienes eran retenidas por largos períodos y esclavizadas, generalmente las embarazaban y les negaban cualquier posibilidad de ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, el Tribunal indica la existencia de prostitución forzada, en donde robaban a las mujeres sus documentos, posteriormente debían ejercer la prostitución, pagar sus gastos y una serie de multas. Sí trabajaban bajo las órdenes de algún paramilitar, debían darle cuotas en forma de pago y estaban obligadas a tener relaciones sexuales con ellos. Incluso, se termina que en Bajo Cauca el 17.7% de toda la población sufrió enfermedades de transmisión sexual tras la llegada de los paramilitares y que si alguna de las mujeres era diagnosticada con SIDA era asesinada.

A continuación, el Tribunal analiza el desplazamiento forzado de mujeres, quienes buscaban protección ante el acoso y vigilancia de los paramilitares. Así, establece que entre los años 1994-2006 los asesinatos fueron en proporción mayores en hombres que en mujeres y se incrementaron las jefaturas femeninas en las familias, siendo ellas víctimas de violencia. La escolaridad de las mujeres se redujo debida a la necesidad de desplazarse para salvar sus vidas y al reclutamiento forzado, viéndose en ambos casos obligadas a abandonar sus estudios. En relación a las personas con identidad de género diversa incluyendo a la población L.G.T.B.I., el Tribunal indica que también fueron víctimas de violencia, existiendo evidencia del asesinato de 8 hombres homosexuales y órdenes expresas de un comandante del área de asesinarlos. Muchos de ellos se vieron obligados a desplazarse y en algunos lugares repartieron panfletos amenazantes, estableciendo el Tribunal que en el Bloque Mineros fueron enfáticos al indicar que dentro de la organización no se admitían personas homosexuales o lesbianas.

Finalmente, el Tribunal analiza la situación de las comunidades indígenas del área dejando establecido que existió violencia sexual y que las víctimas, sobre todo mujeres y niñas, se encuentran con grandes dificultades para denunciar, como la ausencia de intérpretes y la imposibilidad de obtener información o participar en el proceso.

Fallo

El Tribunal determina que las acciones sistemáticas y permanentes cometidas por el Bloque de Mineros constituyen delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, delitos de violencia basada en género, secuestros masivos de personas, reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado de población civil, los cuales son violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario , perpetradas por Ramiro Vanoy Murillo en su condición de Máximo Responsable, Comandante del desmovilizado Bloque Mineros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.).

Se declara la acreditación de la condición de víctimas de quienes sufrieron tales acciones y se condena al pago de los perjuicios materiales e inmateriales.

De la misma manea, el Tribunal exhorta entre otros a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Ministerio de Protección Social y Secretarías de Salud para que se acredite su situación; se implemente un programa de atención integral para las víctimas, políticas de erradicación de pobreza extrema y servicios públicos, y exhorta a Gobernación, Policía y Ejército Nacional para que realicen actos públicos de perdón y reconocimiento.

Documentos

Temas

Violación, abuso y acoso sexual
Reparaciones
Prostitución / trabajo sexual
Prácticas forzadas y no consentidas
Orientación sexual e identidad de género
Explotación sexual
Discriminación Interseccional
Adolescentes y niñas

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Jueces

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